INDEPENDENCIA JUDICIAL – LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

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     El Estado liberal organiza la separación de los tres poderes clásicos (ejecutivo, judicial y legislativo), pero lo que en realidad separa son tres funciones de un mismo y solo poder que residía en el parlamento. El poder judicial no era independiente. La Administración de justicia se hacia en nombre del Rey o del Presidente constitucional. La unidad o pluralidad de jurisdicciones es una cuestión subalterna allí donde el método de selección y funcionamiento de la Magistratura no obedece a un poder autónomo separado de poder administrativo del Estado.

     En el moderno Estado democrático se produce realmente la separacióu del poder ejecutivo, que retiene la iniciativa, del poder de control de la Asamblea representativa, cuando la soberania popular elige directamente a uno y otro poder, como sucede en los sistemas de Gobierno de tipo presidencialista. En estos sistemas representativos la función judicial toma realmente una cierta autonomía e independencia al no depender de ninguno de los dos poderes. Y aunque la Administración de justicia sigue formando parte de la Administración general del Estado, el acuerdo entre los dos Poderes elegidos por sufragio directo sobre la designación y el funcionamiento constitucional de la Magistratura jurisdiccional, la dota de un papel arbitral efectivo que le permite actuar no sólo con independencia formal, sino como poder autónomo. Es en este contexto de la dependencia formal y de autonomía efectiva de la funcion judicial cuando cobra una importancia capital el hecho de la unidad de las jurisdicciones. La pluralidad jurisdiccional implica la pérdida de la autonomía judicial respecto a la rama del poder del ejecutivo que reserva, para los asuntos de su especialidad , una Magistratura especial.

     La actual actuación de nuestros Tribunales y órganos jurisdiccionales responde aún al esquema de la división de poder correspondiente al momento en que el Estado estaba separado de la sociedad civil. Pero si el principio de la independencia del poder judicial continúa siendo afirmado teóricamente, de hecho la Administración de justicia se esgrime de este modo un expediente para resolver un problema de personal y para justificar la regla de la inamovilidad, considerada como la garantía de la independencia personal de jueces.

     Pero en la democracia moderna, dada la unión orgánica entre el Estado y la sociedad civil, la autoridad judicial está llamada a desempeñar un papel mucho más importante que el que se le atribuye tradicionalmente. Su función no se limita ya a dirimir conflictos individuales, o a garantizar las libertades políticas contra los entrometimientos del Poder, como era bajo el Estado parlamentario, sino que además, y de modo muy principal, debe asegurar los múltiples derechos económicos y sociales que las nuevas funciones del Estado interventor han reconocido a los ciudadanos. También debe arbitrar los importes conflictos políticos, económicos, administrativo y sociales que la creciente intervención del Estado hace surgir entre las colectividades, grupo de individuos directamente afectados.

     Cuando se habla de la independencia judicial no se tiene en cuenta esta importante función de arbitraje entre fuerzas sociales opuestas o antagónicas a que está llamada una justicia democrática.

     El noventa y cinco por ciento de los magistrados proceden de la misma clase social, del mismo medio y de la misma experiencia del mundo. ¿Cómo podrá cumplir la Magistratura esta función de arbitraje y de imparcialidad entre las fuerzas sociales antagónicas, si pertenece a una de ellas?

     En materia penal no es difícil corregir las deficiencias y las limitaciones de nuestro vetusto sistema procesal. Hay que introducir la democrática institución del jurado. Sólo así podrá surgir una práctica y una jurisprudencia de la subjetividad de cada delito, junto a la técnica de la tipicidad legal.

     En las demás materia procesales el sistema de selección del personal de la Administración de justicia ha de sufrir una flexible e inteligente adaptación a las necesidades de su función en la moderna vida social. Adaptación que conserve la tecnicidad del oficio jurídico pero que a su vez la abra a la perspectivas y sensibilidades de los distintos y antagónicos grupos sociales, combinando el sistema de oposición, con el de concurso y el de elección.

 

 

Antonio García-Trevijano Forte
LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
III La alternativa democrática como proyecto de Estado
Independencia judicial
Páginas 129-131

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