LA DEMOCRACIA FORMAL DE LA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL

Democracia formal

     La República Constitucional implica la instauración de la democracia formal, con independencia de los tres poderes del Estado como garantía de que todo su esfuerzo irá encaminado a la resolución de los problemas de la totalidad de los ciudadanos españoles. Y ello implica elecciones en urnas separadas para Legislativo, Ejecutivo y Judicial:

     Para el Legislativo, cada cuatro años, en circunscripciones en las que se elija a un solo diputado (circunscripción uninominal) y a doble vuelta. El sueldo del diputado será sufragado directamente por los electores de su circunscripción, expresando así que está a su servicio, y no al servicio del Estado. El diputado estará sometido al mandato imperativo de los electores de su distrito electoral (de unos 100.000 habitantes), a todos los cuales representa, tengan la ideología que tengan. Si el diputado se desvía del mandato de sus electores, será a denuncia depuesto por un tribunal especial y se convocarán nuevas elecciones en su circunscripción. Como cada diputado representa a su electorado de manera integral y absoluta, son innecesarios representantes para el ámbito autonómico.  El Parlamento no es parte del Estado, sino de la ciudadanía a la que representa y para la que trabaja elaborando sus leyes, las leyes del pueblo. La RC introduce la novedosa institución de intermediación entre el Estado y el parlamento, el presidente del parlamento, quien es ya Estado. Nombrado por el parlamento y controlado por este posee la iniciativa legislativa evitando la corrupción derivada de esta actividad sin control.

     Para el Ejecutivo, elecciones en circunscripción única nacional a doble vuelta cada cinco años del Presidente de la República Constitucional. El Ejecutivo sí es Estado, y tiene a su disposición toda la maquinaria del mismo para gestionar, pero no puede legislar de ninguna manera, ni siquiera mediante decretos de urgencia. La Ley siempre se hace en el Parlamento, especialmente los Presupuestos Generales del Estado. Se abandonará la viciada y corrupta práctica de que los redacte el Gobierno y, comprando apoyos parlamentarios, los haga aprobar por el Legislativo. Ningún miembro del Gobierno podrá ser diputado.

     Para el Judicial, elecciones cada seis años y, por tratarse de carrera funcionarial, serán únicos electores los miembros de dicha carrera, desde los magistrados hasta el personal de la Administración de Justicia. Desaparecerá la figura del Fiscal General, porque nadie puede pertenecer simultáneamente a dos poderes del Estado. Por eso tampoco existirá el Ministerio de Justicia.

     Ninguna de estas medidas se puede soslayar o es negociable. Porque todo lo anterior se llama democracia formal garantista, única manera de que el pueblo no sea estafado por sus representantes. Y existe en diversos países.

 

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