TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA – LIBRO TERCERO. Capítulo VI. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO (XX).

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     “No es fácil distinguir entre Decretos y Reglamentos. La diferencia por sus efectos contra legem o sine legem, y por su distinto origen, que eran los criterios anteriores a la Revolución francesa, carecen de toda justificación jurídica y política, desde que se separaron las funciones del legislador y las del Gobierno. Las disposiciones normativas sólo podían distinguirse por su naturaleza general, especial, ordenancista o estatutaria. León Duguit sostuvo que era imposible distinguir entre ley y reglamento bajo el antiguo régimen. Afirmar que la diferencia entre estas dos categorías normativas “presupone la existencia de dos autoridades jerárquicamente desiguales, una de ellas con poder superior de legislar, y la otra únicamente con poder de reglamentar” (Carré de Malberg, p. 325), no resuelve el circulo vicioso que únicamente puede ser eludido por la distinción según su naturaleza.

     El problema se agudizó cuando se crearon los Decretos-Leyes, durante los períodos provisionales o dictatoriales de la situación francesa en 1848, 1851-1852 y 1870-1871, que no tenían naturaleza pero sí vigor de leyes, aunque fueran actos de reglamentación normativa por vía administrativa. En virtud de un senado-consulto de 3 de mayo de 1854, las colonias francesas fueron regidas por Decretos Presidenciales. Este fue el origen dictatorial, provisional y colonial de los Decretos, Reglamentos y Decretos-Leyes. Lo único que añadió el parlamentarismo fue el principio de que las reglas de los dos primeros no podían modificar una ley, bajo pena de nulidad, y de que los últimos, dictados por motivos de urgencia, debían ser ratificados por el poder legislativo, sin perjuicio de su entrada en vigor desde que se dictaran por el gobierno.

     El Estado de Partidos no sólo mantiene esta bastarda tradición, basada en la confusión de poderes con capacidad de legislar mediante leyes-reglas, que no afectan a todos los individuos directamente, sino que la ha incrementado con la costumbre de gobernar por Decreto. El mundo de la administración se hace autónomo para el poder ejecutivo, pero los administrados están tan obligados a cumplir las Órdenes y los Decretos ministeriales, dictados sin principios de juridicidad ni legalidad, como las leyes emanadas del órgano legislativo. Que hoy se ve obligado, además, a transformar en leyes nacionales las Directivas ejecutivas de la UE.

     La República Constitucional no puede permitir la continuidad de esta tradición dictatorial en materia normativa, que es una de las principales causas de corrupción del poder ejecutivo del Estado. Se comprende la necesidad de que éste regule mediante Órdenes y Decretos la organización y funcionamiento de los cuerpos administrativos, dotándolos de Reglamentos y Estatutos que no infrinjan los derechos fundamentales de la persona. Pero es inadmisible que el poder ejecutivo utilice la vía administrativa para legislar o reglamentar materias sociales, cuya competencia corresponde en exclusiva, por su naturaleza general y civil, al órgano legislativo. Esto afecta principalmente a los Reglamentos de aplicación y desarrollo de las Leyes ordinarias y a los Decretos Leyes.

     En cuanto a los Reglamentos que desarrollan las particularidades de las leyes generales o civiles, no promulgados por el poder legislativo, la República Constitucional prohibirá que entren en vigor hasta que se resuelva la eventual nulidad, que puede ser pedida por tres diputados, si entre ellos figura alguno de los que tuvieron la iniciativa legislativa de la ley reglamentada. En cuanto a los Decretos-Leyes, los motivos de su urgencia no pueden quedar al arbitrio del Gobierno, ni ser apreciados en la ratificación por el legislativo. Éste debe aprobarlos antes de que el Gobierno proponga cada Decreto-Ley.”

 

 

 

Antonio García-Trevijano Forte

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