TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA – LIBRO TERCERO. Capítulo V. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE JUSTICIA. AUTORIDAD Y POTESTAD JUDICIAL (XXI).

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     “Bajo el Estado de Partidos seria quimérica tanto la creencia de que la enseñanza universitaria puede ser mejorada, como la esperanza de que la carrera judicial pueda ser enriquecida con el ingreso en ella de abogados de reconocido prestigio. Pues son precisamente los partidos políticos quienes eligen y promocionan entre sus simpatizantes o afiliados, a los merecedores de ocupar las cátedras y de ser nombrados jueces de libre elección, en virtud de sus reconocidos méritos ante el partido. Se necesitan años de experiencia, con dedicación ejemplar al ejercicio de la abogacía, para adquirir verdadero prestigio en el mundo judicial, especialmente entre los compañeros. Y los abogados que triunfan no sacrifican su alto nivel de vida y de reconocimiento social al ingreso en una carrera de burócratas, que ocupa el penúltimo rango en la escala de valoraciones sociales, pisándole los talones a la clase política.

     Con la República Constitucional estos problemas tendrían solución idónea en los países de solera talentosa de juristas retraídos de las famas mediáticas. Las cátedras de derecho bien retribuidas atraerían a los mejores jurisconsultos. Y el ingreso en la carrera judicial lo decidiría la imparcialidad de tribunales mixtos de Magistrados, profesores de la universidad con práctica forense y abogados de gran experiencia profesional, no adscritos a las asesorías de las grandes empresas. Desaparecido el Ministerio de Justicia, el curso en la escuela judicial sería compartido por los que pasaran el examen y el concurso de méritos exigidos en las oposiciones a la carrera unificada de jueces y fiscales. Cuyos destinos serían cubiertos por las vocaciones instructoras o juzgadoras. No es trasplantable el sistema americano de elección popular de los fiscales, que allí entran en la carrera política.”

 

Antonio García-Trevijano Forte

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