TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA – LIBRO TERCERO. Capítulo V. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE JUSTICIA. AUTORIDAD Y POTESTAD JUDICIAL (XV).

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     “Lo que llama la atención no es tanto la indignidad personal de los jueces y magistrados, explicable por su falta de valor ante el poder político, como su pobre bagaje en ciencia del derecho, en países que tuvieron la fortuna de producir grandes talentos jurídicos. Incluso en la Italia fascista brilló una panoplia de excelentes juristas, formados y orientados por los pandectistas y romanistas que llegaron de Alemania en busca de seguridad vital. La renovación del derecho procesal, con el mismo método que había dado estructura científica a los elementos subjetivos, objetivos y causales del negocio jurídico privado, fue debida a Carnelutti. Pero las luces de las cátedras universitarias no iluminaron las togas de la jurisprudencia. Las del Tribunal Constitucional de Bonn, por ejemplo, llegaron a sostener la oscura barbaridad de que el Estado de Partidos realiza la democracia directa, incluso de modo superior a la filosofía de Rousseau. Y ahí permanece como hito de la desvergüenza jurisprudencial contagiada a toda Europa.

     No menos vergonzoso ha sido el espectáculo de deslealtad a la justicia que dieron los singulares fiscales y jueces mediterráneos, tenaces combatientes de la corrupción de los Gobiernos socialistas que, una vez cimentada su buena fama, se apartaron de sus funciones judiciales para ocupar cargos ministeriales en los gobiernos que ellos mismos habían denigrado. Fracasadas sus ambiciones de ocupar puestos más altos en el poder ejecutivo, volvieron a sus anteriores jurisdicciones, para seguir haciéndose famosos con procesos criminales exóticos contra dictadores de cualquier país, incluso fallecidos hace tiempo, en nombre de la memoria histórica, como si esta abstracción metafísica de la psicología colectiva fuera una norma aplicable a delitos moralmente imprescriptibles. Igualmente escandaloso que, en nombre de una quimérica justicia universal, abrieran procesos por terrorismo de Estado contra gobiernos extranjeros. Esas conductas extravagantemente progresistas desprestigian a la corporación que no expulsa de su seno a los aventureros de la toga. Tales actuaciones serían imposibles en la República Constitucional. La ley prohibiría que volvieran a la función jurisdiccional los Magistrados que ocuparan altos cargos en el Gobierno, antes de transcurrir cinco años desde el cese de su actividad política, y nunca a la misma plaza o al mismo Tribunal.”

 

Antonio García-Trevijano Forte

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LIBRO TERCERO. Capítulo V. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE JUSTICIA. AUTORIDAD Y POTESTAD JUDICIAL.

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