TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA – LIBRO TERCERO. Capítulo V. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE JUSTICIA. AUTORIDAD Y POTESTAD JUDICIAL (III).

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     “La tercera condición de la imparcialidad judicial opera con el principio de la absoluta igualdad de los justiciables en el proceso. En este terreno no puede existir excepción o privilegio alguno. Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos deben ser iguales ante los Tribunales. La inmunidad del Jefe del Estado, de los miembros del Consejo de Gobierno, del Consejo de Legislación, de la Cámara de Representantes o del propio Consejo de Justicia, sería una idea tan bárbara como denigrante para la sociedad que la tolerase. Pues nada puede ser más pernicioso, en la consideración de la justicia legal como valor ciudadano, que se privilegie y se discrimine a quienes, por los cargos públicos que ocupan, mejor situados están para delinquir con impunidad y eludir la acción de la justicia. La única inmunidad que está justificada es la que se ampara en la libertad de palabra durante el ejercicio de la función parlamentaria, y no para las expresiones que se pronuncien fuera de la Cámara de Representantes. Otra cosa diferente es que el juicio político de prevaricación, contra esas personas principales, tenga cauces o fueros procesales adecuados o singulares, no por consideración o respeto al titular del cargo, como sostiene la sacrílega doctrina de la estigmatización social, pero sí por la mayor complejidad de los asuntos implicados en los delitos de altos cargos políticos, y por la necesidad de mayor experiencia para juzgarlos.

 

     La cuarta condición de imparcialidad se refiere a los procesos judiciales en los que son parte los administradores de las empresas más potentes en los sectores financiero, industrial, comercial o mediático, o bien, en el polo opuesto, las categorías sociales de obreros y empleados. Para resolver los conflictos laborales existe una jurisdicción especial cuya jurisprudencia está basada en la injusta presunción de hecho, no de derecho, de que el empleado tiene la razón, cualquiera que haya sido su comportamiento con la empresa. Pero no existe jurisdicción especial para resolver los conflictos causados por los abusos de las grandes empresas en los contratos civiles entre desiguales en potencia. La República Constitucional ha de crear esta jurisdicción específica.”

 

 

Antonio García-Trevijano Forte

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