TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA – LIBRO TERCERO. Capítulo V. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE JUSTICIA. AUTORIDAD Y POTESTAD JUDICIAL (II).

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     “Si la constitucionalidad de las leyes es el único requisito de la justicia legal, son injustos los regímenes políticos que no dan a la jurisdicción ordinaria la potestad de examinar, desde la primera instancia, y aplicar a la sentencia, la nulidad de la ley inconstitucional invocada. No para suspender el juicio hasta que otra jurisdicción no judicial resuelva la cuestión, sino para estimar en el fallo, bien sea de oficio o a instancia de parte, la nulidad de la acción inconstitucional emprendida. Es la primera condición. Si los Jueces y Salas de apelación o casación no tienen esa potestad, no existe siquiera posibilidad teórica de un poder judicial autónomo e independiente de un poder legislativo infalible. La segunda condición, exigida por la imparcialidad o presunción de imparcialidad de la actuación judicial, está en su indiferencia ante el estado político o social del justiciable. Si una de las partes es la Administración Pública, como sucede en la jurisdicción contenciosos-administrativa y en la reclamación de daños al Estado por mal funcionamiento de algún servicio público, incluido el judicial, no habrá poder judicial sin dar autonomía constitucional a la judicatura.

       Por autonomía de la judicatura ha de entenderse no solamente la organizativa y la funcional, en tanto que corporación separada de los restantes cuerpos del Estado o la Sociedad, sino también la financiera. Donde la justicia es gratuita, la dotación de recursos económicos a la estructura material, a la instalación inmobiliaria y a la nómina de todo el personal incorporado de modo permanente o transitorio a la función judicial, es una obligación exigible a los contribuyentes. En los Presupuestos del Estado debe figurar la partida correspondiente que ha de aprobar anualmente la Cámara de Representantes. La previsión y la revisión de este gasto público no puede hacerlas el Gobierno. Sería un modo indirecto de impedir la independencia de un poder judicial autónomo.”

 

 

Antonio García-Trevijano Forte

TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA

LIBRO TERCERO. Capítulo V. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE JUSTICIA. AUTORIDAD Y POTESTAD JUDICIAL.

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