TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA – LIBRO TERCERO. Capítulo III. CÁMARA DE REPRESENTANTES MONÁDICOS. POTESTAD LEGISLATIVA (VII).

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     “¿En qué momento y cómo se produce la transustanciación de lo civil en estatal? ¿Por qué la sanción, promulgación y publicación de las leyes civiles y penales, aprobadas por la mayoría de representantes de los ciudadanos, han de proceder de una autoridad estatal? ¿Acaso estamos todavía bajo los auspicios de la Revolución francesa, que prohibió la existencia de cuerpos intermedios entre el Estado y los individuos?

     La cuestión se complica aún más en el sistema parlamentario de gobierno que en el sistema presidencialista. En éste se puede argüir que el Presidente, elegido directamente por los ciudadanos, promulga como leyes imperativas los proyectos de ley aprobados por las Cámaras de representantes, porque es él quien realiza la mediación entre lo civil y lo estatal. El argumento carece de base sustantiva puesto que el Presidente es elegido para desempeñar un cargo estatal y no para representar a los ciudadanos. Las dudas de los constitucionalistas americanos de 1787, sobre la competencia para promulgar las leyes, están en la propia redacción de la sección séptima 2 del artículo 1 de la Constitución de EEUU: “Todo proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado se presentará al Presidente de los Estados Unidos antes de que se convierta en ley; si lo aprobare lo firmará; en caso contrario lo devolverá, junto con sus objeciones, a la Cámara de su origen, la que insertará íntegras las objeciones en su diario y procederá a reconsiderarlo. Si después de dicho nuevo examen las dos terceras partes de esa Cámara se pusieren de acuerdo en aprobar el proyecto, se remitirá, acompañado de las objeciones, a la otra Cámara, por la cual será estudiado también nuevamente y, si lo aprobaren los dos tercios de dicha Cámara, se convertirá en ley… Si algún proyecto no fuera devuelto por el Presidente dentro de 10 días (descontando los domingos) después de haberle sido presentado, se convertirá en ley, de la misma manera que si lo hubiera firmado, a menos de que al suspender el Congreso sus sesiones impidiera su devolución, en cuyo caso no será ley”.

     Este texto constitucional, imprescindible como dato político básico, revela la pertinencia nada abstracta del problema que aquí se ha suscitado, sobre el cambio de naturaleza que necesariamente implica la dotación de vis coactiva a las leyes, que los representantes políticos sólo pueden proponer con vis directiva, es decir, sobre la transformación de criterios de valor social en normas imperativas de valor jurídico; sobre el hecho no natural de la conversión de la normatividad moral o social en obligatoriedad legal de derecho positivo, por una decisión unilateral de la autoridad estatal.

     En el precepto antes citado se percibe que en los constituyentes de EEUU dominaba el criterio de dar primacía, en la promulgación de las leyes, a las representaciones sobre las ejecuciones Si la decisión exigió un quórum de dos tercios en el legislativo, en caso de conflicto con el ejecutivo, no fue por la excepcionalidad de la materia, como pasa en Europa con las leyes orgánicas, sino por el temor de los constituyentes a la inestabilidad de las leyes promulgadas por el poder ejecutivo. Temor manifiesto en Hamilton, Madison y Jefferson. Éste llegó a sostener que “la inestabilidad de nuestras leyes es realmente un inconveniente muy grave. Pienso que habríamos debido proveer a ello decidiendo que hubiese siempre un intervalo de un año entre la presentación de una ley y su aprobación definitiva. Sería después discutida y votada, sin que se le pudiese cambiar una palabra, y si las circunstancias pareciesen exigir una solución más rápida, la proposición no podría ser adoptada por simple mayoría, sino por mayoría de dos tercios de ambas cámaras” (citado por Tocqueville, La Democracia en América, p. 196, ed. Crítica, Plaza & Janés).

     Pero la solución dada por la Constitución de los EEUU, aunque era adecuada al sistema de relaciones entre los dos poderes, no fue congruente con la distinta naturaleza de ellos, ni respetó el principio de separación de poderes. Era incongruente que un órgano estatal, el Presidente de la República, se interfiriera en el proceso legislativo de la Cámara de representantes y el Senado. Se vulnera la independencia del legislador si la no promulgación por el poder ejecutivo de una ley aprobada por el legislativo obliga a revisarla, con la necesidad de que la vuelva a aprobar por mayoría de dos tercios. Lo cual equivale a un derecho de veto suspensivo, o resolutivo si el legislativo no reúne esa mayoría cualificada.”

 

 

Antonio García-Trevijano Forte

TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA

LIBRO TERCERO. Capítulo III. CÁMARA DE REPRESENTANTES MONÁDICOS. POTESTAD LEGISLATIVA.

 

Teoría Pura de la República – 3 VOLÚMENES

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