Discurso de Charles de Gaulle en Bayeux el 16 de junio de 1946

     “La unidad, la cohesión y la disciplina interior del gobierno de Francia deben ser en verdad sagrados, bajo riesgo, si no, de que la dirección del país se torne rápidamente impotente y sea descalificada. ¿Cómo mantener a la larga esta unidad, esta cohesión y esta disciplina, si el Poder Ejecutivo dimanase de aquel otro poder al que debe de equilibrar, y si cada uno de los miembros del gobierno, que es el responsable colectivo ante toda la representación nacional, no fuese en sus funciones más que el mandatario de un partido?”

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      El general De Gaulle se trasladó a Bayeux, donde presidió las fiestas organizadas por la municipalidad en conmemoración de su visita a la ciudad —la primera en ser liberada en suelo metropolitano— durante los primeros días de la batalla de Francia. En la plaza del castillo, el general De Gaulle pronunció el siguiente discurso (1)

     En nuestra Normandía gloriosa y mutilada, Bayeux y sus alrededores fueron testigos de uno de los mayores acontecimientos de la historia. Damos fe de que fueron dignos de ellos. Aquí fue donde, cuatro años después del desastre inicial de Francia y de los Aliados, arrancó la victoria final de los Aliados y de Francia. Aquí fue donde, a partir del 18 de junio de 1940, el esfuerzo de quienes nunca cedieron y de quienes congregaron a su alrededor el instinto nacional y la reformada potencia francesa halló en los acontecimientos su justificación decisiva.

     Y también fue aquí, en la tierra de nuestros antepasados, donde reapareció el Estado; el Estado legítimo porque descansaba en el interés y el sentimiento de la nación; el Estado cuya verdadera soberanía fue transportada del lado de la guerra, de la libertad y de la victoria, mientras la servidumbre conservó de ella tan sólo la apariencia; el Estado salvaguardado en su derecho, su dignidad, su autoridad, entre las vicisitudes del desenlace y de la intriga; el Estado a salvo de las injerencias extranjeras; el Estado capaz de restablecer a su alrededor la unidad nacional y la unidad imperial, de reunir a todas las fuerzas de la Patria y de la Unión Francesa, de llevar la victoria a término y de consuno con los Aliados, de tratar de igual a igual a las otras grandes potencias del mundo, de preservar el orden público, de velar porque se hiciera justicia y de comenzar nuestra reconstrucción.

     Si esta gran obra se llevó a cabo fuera de nuestro anterior marco institucional, fue porque éste no respondió a las necesidades nacionales y porque de motu propio abdicó en la tormenta. La salvación vino de otra parte.

     Vino primero de una élite, que surgió de manera espontánea en las profundidades de la nación y que, por encima de cualquier preocupación de partido o de clase, se entregó al combate para lograr la liberación, la grandeza y la renovación de Francia. Sentimiento de su superioridad moral, conciencia de ejercer una suerte de sacerdocio del sacrificio y del ejemplo, pasión por el riesgo y por la empresa, desprecio por la agitación, la pretensión, las exageraciones, confianza soberana en la fuerza y en la astucia de su potente conjura y en la victoria y en el porvenir de la patria; ésta fue la sicología de aquella élite que partió de nada y que, pese a sufrir pérdidas importantes, atrajo tras de sí a todo el Imperio y a Francia toda.

   No lo hubiera logrado sin la anuencia de la inmensa masa francesa. En efecto, en su instintiva voluntad de sobrevivir y de triunfar, ésta no vio en el desastre de 1940 más que una peripecia de la guerra mundial en la que Francia hizo las veces de avanzada. Si muchos por fuerza se doblegaron ante las circunstancias, el número de quienes las aceptaron en su espíritu y en su corazón fue literalmente ínfimo. Nunca creyó Francia que el enemigo no fuese el enemigo ni que la salvación estuviese en otra parte que del lado de las armas de la libertad.

     Conforme los velos se rasgaban, el sentimiento profundo del país brotaba a la luz de su realidad. Donde aparecía la cruz de Lorena, el andamiaje de una autoridad que no era más que ficticia, aunque constitucionalmente fundada, se venía abajo. Pues, sin duda, en la práctica y en el derecho, los poderes públicos sólo son válidos cuando concuerdan con el interés superior del país, cuando están fundados sobre la adhesión confiada de los ciudadanos. En materia de instituciones, construir sobre algo más equivale a construir en la arena. Se corre el riesgo de que el edificio se derrumbe de nuevo en cuanto surja una de aquellas crisis a las que, por la naturaleza misma de las cosas, nuestro país se halla expuesto con tanta frecuencia. Por ello, garantizada la salud del Estado, arrebatada la victoria y asegurada la unidad nacional, la tarea más urgente y esencial fue el restablecimiento de las nuevas instituciones francesas. En cuanto se pudo, el pueblo francés fue invitado a elegir a sus constituyentes, imponiendo a sus mandatos límites ciertos y reservándose la decisión final. Cuando el tren se encarriló, nosotros mismos nos retiramos, no sólo para no comprometer en la lucha de los partidos lo que, en virtud de los acontecimientos, llegamos a simbolizar y que pertenece a la nación entera, sino también para que ninguna consideración relativa a un solo hombre, mientras dirigía el Estado, pudiese alterar en cualquier sentido la obra de los legisladores.

     Sin embargo, la nación y la Unión Francesa esperan aún una Constitución hecha para ellas y que pudiesen aprobar felizmente. A decir verdad, aunque podemos lamentar que el edificio esté por construirse, es de todos sabido que un logro diferido vale más que una conclusión rápida y lamentable.

     A lo largo de un periodo que no abarca dos veces la vida de un hombre, Francia fue invadida siete veces y experimentó trece regímenes, pues todo cabe en las desgracias de un pueblo. Tantas sacudidas acumularon en nuestra vida pública venenos que alimentan nuestra vieja propensión gala a las divisiones y a las querellas. Las pruebas inauditas por las que atravesamos agravaron naturalmente este estado de cosas. La condición actual del mundo, donde tras ideologías opuestas se enfrentan potencias en medio de las que nos hallamos, no deja de introducir en nuestras luchas un factor de apasionada agitación. Así, la rivalidad fundamental de los partidos adquiere entre nosotros un carácter fundamental que lo cuestiona todo y en el que, con demasiada frecuencia, se pierden los intereses superiores del país. Es un hecho patente, resultado del temperamento nacional, de las peripecias de la Historia y de las sacudidas del presente que deben tomarse en cuenta, y de lo que deberán cuidarse en el futuro nuestras instituciones por el porvenir del país y de la democracia, para preservar el crédito de las leyes, la cohesión del gobierno, la eficiencia de la administración y el prestigio y la autoridad del Estado.

     La agitación en el Estado tiene como consecuencia ineludible la deserción de los ciudadanos de las instituciones. Basta una oportunidad para que surja la amenaza de la dictadura. Aún más cuando la organización, llamémosla mecánica, de la sociedad moderna hace cada día más necesarios y más deseables un buen orden en la dirección y un funcionamiento sin tacha de los engranes. ¿Cómo y por qué terminaron aquí la I, II y III Repúblicas?

     ¿Cómo y por qué la democracia italiana, la República alemana de Weimar, la República española dieron lugar a los regímenes que conocemos? Y ¿qué es la dictadura sino una gran aventura? Sin duda, sus inicios parecen ventajosos. Entre el entusiasmo de unos y la resignación de otros, en el rigor del orden que impone, favorecida por un decorado deslumbrante y por una propaganda en un único sentido, adquiere un giro dinámico que resalta ante la anarquía que la precedió. Mas el destino de la dictadura está en exagerar sus empresas. Conforme se abre paso entre los ciudadanos la impaciencia de las prohibiciones y la nostalgia de la libertad, debe a toda costa ofrecerles logros cada vez más amplios. La nación se vuelve una máquina a la que su dueño imprime una aceleración desenfrenada. Trátese de empresas interiores o exteriores, las metas, los riesgos y los esfuerzos rebasan poco a poco toda mesura. A cada paso surgen, dentro y fuera, obstáculos multiplicados. Al final, el motor se acaba. El grandioso edificio se abisma en el infortunio y la sangre. La nación se descuella, cae por debajo de donde estaba cuando la aventura empezó.

     Esta evocación basta para entender cuán necesario es que nuestras nuevas instituciones democráticas compensen por sí mismas los efectos de nuestra constante efervescencia política. Se trata además de una cuestión de vida o muerte para nosotros, en el mundo y en el siglo en que nos encontramos, donde la posición, la independencia y hasta la existencia misma de nuestro país y de nuestra Unión Francesa están sin duda en juego. Cierto, la esencia misma de la democracia pide que las opiniones se expresen y que, mediante el sufragio, se esfuercen por orientar la acción pública y la legislación según sus concepciones, aunque todos los principios y todas las experiencias exigen también que los poderes públicos —legislativo, ejecutivo, judicial— estén claramente separados y sólidamente equilibrados, y que por encima de las contingencias políticas, se establezca un arbitraje nacional que haga valer la continuidad en medio de las combinaciones.

     Claro está, y se entiende, que el voto definitivo de las leyes y de los presupuestos le corresponde a una Asamblea elegida por sufragio universal y directo, aun cuando el primer movimiento de tal Asamblea no es necesariamente de una clarividencia y de una serenidad totales. Debe entonces atribuírsele a otra Asamblea, electa y compuesta de otra manera, la función de examinar públicamente lo que la primera tomó en consideración, formular enmiendas, pro p o n e r proyectos. Las grandes corrientes de la política general se reproducen naturalmente en el seno de la Cámara de Diputados, pero también la vida local tiene sus propias tendencias y sus derechos. Los tiene en la metrópoli. Los tiene, en primer término, en los territorios de ultramar ligados a la Unión Francesa por medio de vínculos muy diversos. Los tiene en la Sarre (2) a quien la naturaleza de las cosas, que nuestra victoria puso al descubierto, le indicó su lugar entre nosotros, hijos de los francos. El porvenir de los 110 millones de hombres y mujeres que viven bajo nuestra bandera se halla en una organización federativa, que el tiempo irá precisando, cuyo inicio y desarrollo corresponde a nuestra nueva Constitución marcar y vigilar.

     Todo nos lleva a instituir una segunda Cámara cuyos miembros serán elegidos por nuestros Consejeros generales y municipales. Esta Cámara complementará la primera induciéndola, si corresponde, a revisar sus propios proyectos, o a examinar otros, haciendo valer en la creación de la ley aquel factor de orden administrativo que un colegio meramente político tiende por fuerza a descuidar. Por otra parte, será normal introducir en ella, representantes de organizaciones económicas, familiares, intelectuales, para que en el seno mismo del Estado, se escuche la voz de las grandes actividades del país. Sumados a los miembros electos en las asambleas locales de los territorios de ultramar, los miembros de esta Asamblea formarán el gran consejo de la Unión Francesa, calificado para deliberar de las leyes y de los problemas que conciernen a la Unión, presupuestos, relaciones exteriores, relaciones interiores, defensa nacional, economía, comunicaciones.

     Es obvio que del Parlamento, compuesto de dos Cámaras y fuente del poder legislativo, no sabría proceder el Poder Ejecutivo, so pena de caer en una confusión de poderes que haría del gobierno tan sólo una suma de delegaciones. Fue sin duda necesario, en el periodo de transición en que nos hallamos, que la Asamblea Nacional Constituyente eligiera al presidente del gobierno provisional, ya que sobre la tabula rasa no había otro procedimiento aceptable de designación, aunque constituye tan sólo una disposición momentánea. La unidad, la cohesión y la disciplina interior del gobierno de Francia deben ser en verdad sagrados, bajo riesgo, si no, de que la dirección del país se torne rápidamente impotente y sea descalificada. ¿Cómo mantener a la larga esta unidad, esta cohesión y esta disciplina, si el Poder Ejecutivo dimanase de aquel otro poder al que debe de equilibrar, y si cada uno de los miembros del gobierno, que es el responsable colectivo ante toda la representación nacional, no fuese en sus funciones más que el mandatario de un partido?

     El Poder Ejecutivo debe proceder del jefe del Estado, ubicado por encima de los partidos, electo por un colegio que comprende al Parlamento aunque mucho más amplio y compuesto de manera que lo haga presidente de la Unión Francesa y de la República. Corresponde al jefe del Estado la responsabilidad de acordar el interés general en cuanto a la elección de los hombres con la orientación que emana del Parlamento. Suya es la misión de nombrar a los ministros y primero, claro está, al primer ministro, que deberá dirigir la política y el trabajo del gobierno; suya es la función de promulgar las leyes y de decidir los decretos, pues leyes y decretos comprometen a los ciudadanos con el Estado entero; suya es la responsabilidad de presidir los consejos de gobierno y de ejercer sobre ellos la influencia de una imprescindible continuidad para la nación; suya la atribución de ser el árbitro por encima de las contingencias políticas, ya sea en tiempos normales mediante su consejo, ya sea en momentos de gran confusión, invitando al país a dar a conocer mediante elecciones su decisión soberana; suyo, si la Patria corriera algún peligro, el deber de ser el garante de la independencia nacional y de los tratados firmados por Francia.

     Antaño, los griegos le preguntaron al sabio Solón: “¿Cuál es la mejor constitución?”. Contestó “primero, díganme para qué pueblo y en qué época”. Se trata hoy del pueblo francés y de los pueblos de la Unión Francesa, de una época en suma difícil y peligrosa. Tomémonos tal cual somos; tomemos el siglo tal cual es. Debemos llevar a buen término, pese a inmensas dificultades, una honda renovación que le dé a cada hombre y a cada mujer de aquí mayor abundancia, mayor seguridad, mayor felicidad, y que nos haga más numerosos, más poderosos, más fraternales. Debemos conservar la libertad que con tantas penas salvamos. Debemos garantizar el destino de Francia entre todos los obstáculos que se yerguen en su camino y en el camino de la paz. Debemos desplegar ante los hombres nuestros hermanos lo que somos capaces de hacer para ayudar a nuestra pobre y vieja madre, la Tierra. Seamos lo bastante lúcidos y fuertes para imponernos y observar reglas de vida nacional que nos unan cuando sin cesar tendemos a dividirnos en contra de nosotros mismos. Toda nuestra Historia está en la alternancia de los inmensos dolores de un pueblo disperso y de las fecundas grandezas de una nación libre, unida bajo la égida de un Estado fuerte.

EL JEFE DEL ESTADO

     Las nuevas instituciones están instaladas. Desde la cima del Estado, ¿cómo debo moldearlas? En gran medida, me corresponde hacerlo. Pues las razones que me llevaron a ello y las condiciones en las que me hallo no provienen de los textos. Es más, no tienen precedente alguno en la Historia. Bajo la Monarquía, en virtud de un principio tradicional por todos aceptado, incluido por quienes se rebelaban, la herencia hacía del rey la única fuente de los poderes, aun cuando otorgaba derechos o delegaba atribuciones. Los plebiscitos que instauraron a cada uno de nuestros dos emperadores les otorgaron de por vida toda la autoridad, sin importar las instancias establecidas en torno a ellos. Al contrario, bajo la III y IV Repúblicas, el presidente, electo por siete años y exclusivamente por el Parlamento, tenía poder de decisión sólo para conmutar la pena de muerte, aunque estuviese en apariencia revestido por la soberanía, aunque su influencia lograra ejercerse en ciertos casos, aunque todo fuese decretado o promulgado en su nombre. Yo, sin derecho hereditario, sin plebiscito, ni elección, únicamente por el llamado imperativo y silencioso de Francia, fui llevado antaño a hacerme cargo de su defensa, de su unidad y de su destino. Si ahora asumo la función suprema, es porque desde entonces, fui consagrado como su recurso. Es un hecho que se impone a todos y a mí, más allá de las disposiciones constitucionales literales. Sea cual sea la interpretación que se le dé a tal o cual artículo, en todo caso los franceses se vuelven hacia De Gaulle. De él esperan la solución a sus problemas. A él dirigen su confianza o sus reproches. Para corroborar que se transfieren a su persona las esperanzas y las decepciones, basta con escuchar los discursos, las conversaciones, las canciones, basta con escuchar los gritos y los rumores, con leer lo que está impreso en los diarios o expuesto en los muros. Por mi parte, siento que el derecho y el deber de garantizar el interés nacional son inherentes a mi existencia misma.

     Es cierto que la Constitución que hice que el país adoptara define las atribuciones de diversas autoridades, aunque sin contradecir la idea que el pueblo y yo nos hacemos de mis obligaciones. Que el presidente sea, cual fue formulado, “garante de la independencia nacional, de la integridad del territorio y del respeto de los tratados y que asegure, por medio de su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos y la continuidad del Estado”, es expresión del papel capital que me corresponde ante mis propios ojos y ante los ojos de los ciudadanos. Cierto, existe un gobierno que “determina la política de la nación”. Pero todo mundo sabe y espera que proceda según mi elección y que actúe sólo mediante mi confianza. Cierto, hay un Parlamento, una de sus Cámaras tiene la facultad de censurar a los ministros. Pero la masa nacional y yo mismo no vemos ahí nada que limite mi responsabilidad, aún más cuando puedo, en caso necesario, disolver jurídicamente la asamblea de oposición, invocar al país por encima del Parlamento por la vía del referendo, y en caso de peligro público, tomar todas las medidas necesarias que juzgue yo necesarias. Sin embargo y precisamente porque mi función, tal cual es, resulta de mi iniciativa y de lo que sucede en torno a mí en la conciencia nacional, es necesario que exista y se mantenga entre el pueblo y yo un acuerdo fundamental. Los votos en su conjunto que tienen lugar para responder lo que pregunto, traducen de manera manifiesta este acuerdo. En breve, nada en mi espíritu ni en el sentimiento público ni en los textos constitucionales, altera lo que los acontecimientos antaño instituyeron en cuanto al carácter y a la envergadura de mi tarea. A mí, entonces, corresponde definir en qué condiciones la cumpliré, sin por lo tanto desconocer la letra de los pergaminos.

     Fuera de situaciones trágicas que súbitamente exigen del Estado una actitud clara que debo asumir bajo mi responsabilidad directa, mi acción consiste antes que nada en delinear orientaciones, determinar objetivos, dar directivas al órgano de previsión, preparación y ejecución, que es el gobierno. Esto suele darse en el Consejo. Una vez a la semana, rara vez con más frecuencia, siempre bajo mi presidencia, se reúne el Consejo de Ministros. Todos asisten al igual que los Secretarios de Estado, pues sólo hay una política del gobierno y la solidaridad, para quienes la asumen, no se divide. La sesión se desarrolla de acuerdo al orden del día que establezco y notifico con antelación, atendiendo normalmente lo que me pide el primer ministro y lo que presentan de consuno el secretario general de la presidencia y el secretario general de gobierno. Estos altos funcionarios, en el centro y al corriente de todo, son mudos espectadores de la reunión y toman nota de las decisiones. Con base en “comunicaciones” de los ministros se someten por turno al Consejo todos los asuntos relativos a los poderes públicos, ya sea que den lugar a exposiciones y discusiones generales, ya sea que lleven a adoptar un texto: proyecto de ley, decreto, comunicado o que impliquen una solución inmediata. Quien sea puede pedir la palabra; siempre se le da. En los casos más importantes, invito a todos los miembros a dar su opinión. Siempre, el primer ministro presenta sus argumentos y sus propuestas. A mi vez, indico mi modo de ver y formulo la conclusión. Finalmente, establezco yo mismo el “saldo de las decisiones” y el ministro de la Información acude a mí para obtener sus directrices sobre lo que dará a conocer al público de la reunión que termina. Debo decir que no hay semana en que no reciba en audiencia —por lo menos una vez— al primer ministro para ponderar con él la marcha de los asuntos. Lo recibo además antes de iniciar cualquier sesión de Consejo para precisar a qué conviene llegar. De hecho, los miembros del gobierno me vienen a ver por turno, cada uno me rinde cuentas de lo que hace y se propone hacer, y toman nota de mis intenciones. Por último, y a menos de extrema urgencia, Consejos restringidos, que reúnen los ministros interesados y sus principales funcionarios, estudian conmigo los problemas en cuestión. Lo que decidí en aquella época, tal vez fue para bien o para mal. Nunca, creo yo, decidí nada a la ligera.

     Si, en el ámbito de los asuntos, no dejo terreno sin cuidar ni tengo terreno reservado, no dejo evidentemente de concentrarme en cuestiones que son de la mayor importancia general. Desde el punto de vista político, son aquellas relativas a la unidad nacional: así, el problema de Argelia, de las relaciones de asociación que sustituyen nuestra soberanía en la Unión Francesa, del estatuto de la enseñanza privada que pone fin a sesenta años de guerra de las escuelas, de las medidas que deben tomarse para nuestra agricultura, sea por cuenta nuestra o dentro del Mercado Común, del principio de participación a la marcha de las empresas que representa el interesamiento. En el orden económico y financiero, es antes que nada a propósito del plan, del presupuesto, de la situación monetaria, pues de ello todo depende y requiere además del arbitraje indiscutible que me incumbe naturalmente. Nuestra acción exterior necesita mi impulso, pues compromete a nuestro país a largo plazo y de manera vital; para el caso, la Constitución hace explícitamente al presidente de la República garante de la independencia, y especifica que negocia y ratifica los tratados, hace a nuestros embajadores, sus representantes personales; dispone también que los de Estados extranjeros se acrediten ante él. Es obvio, finalmente, que mi huella deja su marca en nuestra defensa: su transformación sigue la línea que indico, y la moral y la disciplina de todos son parte de mi competencia; esto, por razones evidentes que se deben a mi personaje, pero también porque, en nuestras instituciones, el presidente responde de “la integridad del territorio”, porque es “el jefe del Ejército” y porque preside “los consejos y comités de defensa nacional”.

     Con mi gobierno, me hallo en relación constante y profunda. Sin embargo, mi papel no absorbe el suyo. Sin duda, después de escucharlo, debo determinar la dirección general que debe seguir. La conducción de la administración no obstante queda enteramente en manos de los ministros y jamás doy por encima de ellos orden alguna a los funcionarios. Sin duda los Consejos que reúno dan pie a decisiones; quienes participan son escuchados libre y completamente; es más, se es ministro sólo porque se quiere y se puede; por decisión propia, dejar de serlo. Sin duda, aunque puede que le llame a Michel Debré o a uno de sus colegas, ninguno de ellos me llama nunca, ya que mis colaboradores son quienes reciben las llamadas. Pero todo miembro del gobierno, cuando me dirige un informe, tiene la seguridad de que lo leeré, y cuando me pide audiencia, tiene la seguridad de que lo recibiré. En suma, me mantengo a distancia, más no en una “torre de marfil”.

     Dada la importancia y la envergadura de las atribuciones del primer ministro, sólo puede ser el mío. Y lo es, escogido a propósito, largamente mantenido en funciones, colaborando conmigo cercana y constantemente. Pero, dado que nuestras respectivas actividades son, si no separadas, distintas, es que por cada problema que se plantea, me deben presentar sin retoques los datos políticos y administrativos que el gobierno abarca, que es saludable que las ideas y las acciones del jefe de Estado sean complementadas, sostenidas y también a veces compensadas por una iniciativa, una capacidad, una voluntad, distintas a las suyas, el primer ministro debe afirmar su personalidad. En la nave, la antigua experiencia de los marinos quiere que un Segundo tenga un papel propio al lado del Comandante; así en nuestra nueva República el Ejecutivo contempla, después del presidente dedicado a lo que es esencial y permanente, un primer ministro enfrentando las contingencias. Es más, considero razonable que éste cargue su fardo, pesado y arduo entre tantos, durante una fase determinada de la acción de los poderes públicos para ser después colocado en la reserva.

     En la opinión nacional e internacional, esta unidad y esta solidez, que contrastan con los errores anteriores, irritan a los grupos de presión. Pero ¡cuánto provecho le saca la autoridad pública! Más aún cuando a la vez, en su actividad y en su comportamiento el Parlamento vive los cambios que separan los poderes, lo que al sacarlos de una confusión crónica los establece en la estabilidad. Sin duda, con pena muchos de los electos resienten las limitaciones de las nuevas reglas y constatan que el gobierno ya no está a su continua discreción. Se ve contradicho el deseo de quienes antes, a favor de las crisis, esperaban incansablemente ser o volver a ser ministros. Por ende, desaparece un fermento que animaba la vida y la elocuencia parlamentarias y sin el cual las discusiones pierden su atractivo dramático. De hecho, la complejidad de la sociedad moderna para la que legislan las Cámaras complica su tarea cada vez más. Los temas de su deliberación son tan variados y diversos que las intervenciones abundan. Pero, como estas sesiones y reuniones son limitadas, resulta que el “tiempo de palabra” se reduce al extremo. Ante este hecho, al que se suma la primacía de las consideraciones técnicas y el enrolamiento de las opiniones, no se escuchan más en los debates las generalidades conmovedoras, vuelos y argumentaciones con los que las grandes voces de antaño cimbraban y encantaban a la asistencia. Una suerte de mecanización monótona rige ahora las Asambleas. Para mí, que siempre reverencié los talentos oratorios con los que se adornaba la tribuna francesa, este desvanecimiento de la retórica me inspira cierta melancolía. Aunque me consuelo al ver desaparecer el malestar que bajo el signo de “los juegos, venenos y delicias” parlamentarios, marcó la III y IV Repúblicas y acabó con ellas.

     Al asumir mis funciones, le hago saber al Parlamento por medio de un mensaje que así debía de ser: “El carácter de nuestra época y el peligro que corrió el Estado a falta de haberlo advertido condujeron al pueblo francés a reformar profundamente la institución parlamentaria. Esto se hizo en los textos. Falta poner en práctica los grandes cambios en el funcionamiento de las asambleas y en las relaciones entre los poderes. Al hacerlo, la Asamblea nacional, en lo que la concierne, garantizará al Estado republicano la eficacia, la estabilidad, la continuidad que exige el enderezamiento de Francia… Tal será la prueba decisiva del Parlamento”. Luego, me abocaré a que no se altere ni poco a poco ni en detalle la reforma capital del sistema representativo, según la cual el Parlamento, aunque delibera y vota las leyes y controla el ministerio, no es más la fuente de donde brotan la política y el gobierno. Los mensajes que con frecuencia le dirijo a las Cámaras les avisan de iniciativas importantes que independientemente de ellas asumo por mí mismo; que, cuando se forma el Ministerio, me cuido de consultar a los grupos parlamentarios, porque sería involucrarlos, como antaño, en una operación que no es de su competencia; es por lo que, invito a formar parte del Ministerio a múltiples personalidades que no son parlamentarias, que incito al gobierno a informar al Consejo Constitucional de los reglamentos que las Cámaras procuran imponerse y que rebasan sus atribuciones; por esta vía, los reglamentos se enmiendan en efecto; es por lo que, en tres años y medio, he autorizado sólo cuatro veces al primer ministro plantear la cuestión de confianza, porque basta el derecho de censura; que no consentí, en marzo 1960, convocar una sesión extraordinaria para discutir los problemas agrícolas, sesión que, no obstante, para fines de evidente propaganda electoral, requiere de más de la mitad de los diputados y senadores, pero que de acuerdo con los textos, sólo puede tener lugar si la decreto. Finalmente, es por lo que, convencido de que Georges Pompidou está calificado para ser ahora mi primer ministro, lo nombro para dicha función; aunque no es ni miembro del Parlamento ni está familiarizado con él.

     Pero, mientras impido que la institución vuelva por caminos torcidos a los abusos que la comprometieron y que amenazaban con destruir al Estado, no le manifiesto la consideración que me inspira ni mi convicción de que es indispensable al país, a condición de que no se salga de los límites exigidos. Es más, y aún sin establecer contacto directo con las asambleas, estoy siempre al corriente de lo que en ellas sucede. Jacques Chaban Delmas, presidente de la

Asamblea Nacional, a menudo me viene a informar. Aprecio hondamente su inteligencia ágil de las cosas y su buena disposición con quienes ven en él un modelo para conducir los trabajos de la Cámara, ya sea desde lo alto de su sillón, ya sea dirigiendo los hombres, los grupos y las comisiones. Desde muy joven, de un salto se propulsó a la primera línea de la acción durante la Resistencia, se quedó en la política sin que los años mermaran su ardor ni su figura. Y aunque parece abierto a los contactos, ecléctico en sus ideas, flexible en los procedimientos, desde 1940, Chaban-Delmas se decidió a seguirme y se unió a la causa de la salvación y la renovación nacional. Mientras dirijo este combate, constato que su tino, sin mermar su rectitud, está a la par de su mérito.

     El presidente del Senado, Gaston Monnerville, me expone también lo que piensa de los temas políticos. No ha adoptado aún la actitud que algún día lo alejará de mí. Este antillano es hábil, y por lo mismo, está bien ubicado en su función. Le apasiona todo lo que concierne a las atribuciones y el prestigio de la asamblea que preside literalmente desde su fundación. Es exclusivo de la concepción que se hizo en otros tiempos del régimen republicano. En tiempos de Vichy y de la ocupación, esta concepción, unida a su patriotismo, lo llevó a la Resistencia. Pero ahora que se ha definido, puede llevarlo a desconocer una evolución necesaria y a juzgarla inequitativamente.

     Además de estas entrevistas con los dos presidentes, muchos otros caminos me ligan al Parlamento. Las oficinas de ambas Cámaras, de los grupos, de las comisiones, son regularmente recibidos en el Palacio del Eliseo. Numerosas audiencias individuales traen a tal o cual diputado o senador y, las más de las veces, me descubro sumo interés por los propósitos de estos hombres que hacen eco de las preocupaciones y voluntades de los electores.

(1) Una segunda Asamblea Nacional Constituyente fue elegida el 2 de junio de 1946. El 19 de junio eligió a Georges Bidault a la presidencia del gobierno provisional. El M.R.P., al que pertenecía Bidault, no tomó en cuenta las ideas que el general De Gaulle expresó en Bayeux al elaborar el nuevo proyecto de Constitución.

(2) El territorio de la Sarre formaba parte de la zona de ocupación atribuida a Francia. Ésta esperaba que se le anexara económicamente y que fuese dotada de un estatuto político particular.

Charles de Gaulle (1970), Discours et Messages, París, Plon, tomo II, pp. 5-11. Traducción del francés: Lucía Segovia.

Fuente: http://www.istor.cide.edu/archivos/num_3/textos%20recobrados.pdf

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