LEGULEYOS, ABOGADOS Y JURISTAS

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EL MUNDO. LUNES 30 DE MAYO DE 1994

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

 

     La inmensa mayoría de las personas que opinan sobre cuestiones políticas lo hacen como leguleyos. La diferencia entre abogado y leguleyo no está en el mejor o peor conocimiento de las leyes y del caso controvertido, sino en que aquél ve la ley según el caso y éste ve el caso a través de la ley. Por ejemplo. Son leguleyos todos los que opinan, como el jefe del Gobierno, que las elecciones europeas no tienen nada que ver con la situación política nacional y que «por consiguiente» sus resultados no tienen que influir en ella. Juzgan el momento electoral, no por el estado real de la opinión de los electores, el caso, sino por el que deberían tener según la finalidad de la convocatoria, la ley. Son abogados quienes opinan, con el jefe de la Oposición, que un descalabro electoral del Gobierno modificaría el supuesto fáctico que legitimaba su continuidad, el caso, y que «en consecuencia» se necesitaría renovar enseguida la legitimación con un cambio de Gobierno o con unas elecciones anticipadas, la ley. Juzgan la situación mejor que el leguleyo, pero su apego al formalismo les impide ver que la causa del caso, o sea, de la corrupción del Gobierno, no está, como dicen, en el abuso de sanas instituciones, sino en el uso de instituciones corrompidas. En la ausencia de control del poder inherente al parlamentarismo.

 

     En cambio, el jurista no establece entre el caso y la ley relaciones causales que le obliguen a decir «por consiguiente», como los leguleyos, ni «en consecuencia», como los abogados. Conoce que la realidad de la corrupción deslegitima al Gobierno, el caso presente, y busca en la jurisprudencia, es decir, en los casos pasados, la norma futura que pueda evitar la repetición de esa causa deslegitimadora del Gobierno durante la vigencia legal de su mandato. Y la norma que encuentra, la única que sintoniza a la sociedad con el Gobierno, está en la elección directa de éste por aquella, y en la facilidad reglamentaria para destituir al mal gobernante. Mientras no se derogue la ley electoral de listas de partido y el ficticio sistema parlamentario, la sociedad política, que se rige por valores formales, continuará siendo deslegitimada por los valores reales de la sociedad civil. La corrupción no acabará porque se cambie una lista de partido por otra en el gobierno. Por una evidente razón que leguleyos y abogados, vividores de las formas y apariencias legales, no quieren ni ver. La corrupción ha sido, es y será siempre, en el Estado de partidos, el factor de estabilidad del gobierno, la forma más segura de estabilizar el apoyo de la clase dominante, financiera, a la clase reinante, política.

 

     España, como todos los países estadólatras y de secano, produce abundantísimos leguleyos que aseguran las mayorías de gobierno a uno de ellos; demasiados abogados que dan millones de votos a pasantes que aspiran a serlo del Estado; escasísimos juristas en el foro y ninguno en la política. Aunque sí hay algunos en el periodismo, como don Javier Ortiz. Su análisis de las campañas electorales en el régimen de partidos, publicado el sábado pasado en este periódico bajo el título «¿Por quién doblan las campañas?», es un modelo de penetración en la realidad sin dejarse engatusar por las apariencias. No es posible decir con más claridad la función ideológica de ocultación de la verdad y desmemorización del pasado, que cumplen las campañas electorales en el Estado de partidos. Sobre todo las de aquellos que son mejor y más conocidos por sus «hazañas» de gobierno. Hacer tabla rasa del pasado, borrón y cuenta nueva, volver a prometer la misma grosera generalidad para poder hacer la misma concreta barbaridad. Ese es el vil precio de servidumbre que pagan los partidos para conseguir que los voten. Nadie les humilla tanto como ellos a sí mismos. Salvo sus votantes. Por eso están en la abstención, aunque parezca mentira, sus únicas oportunidades de enmienda y autoestima.

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